El bloque de concejales también recordó que “el intendente Abella escuchó el reclamo de los vecinos que data desde el año 1994 y realizó intensas gestiones para que la empresa se vaya de Las Praderas”.
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El bloque de concejales de Juntos por el Cambio destacó que “el Gobierno Provincial es el único responsable del control de la empresa Landnort S.A”.
En este sentido, manifestaron que el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), es quien está a cargo de la autorización y supervisión del plan de cierre previsto en la legislación provincial de residuos especiales, pasivos ambientales y el tratamiento de residuos especiales y no especiales bajo la modalidad landfarming.
“La OPDS, es la entidad que debe garantizar la completa aptitud ambiental del predio, asegurando la falta de riesgo alguno de contaminación en cualquiera de sus recursos comprometidos”, enfatizaron.
“Estas medidas –agregaron- garantizan a la población la seguridad integral de no afectación ambiental ni riesgo a la salud de las personas, como también la inexistencia de pasivo ambiental”.
Además, recordaron que “el intendente Sebastián Abella escuchó, como no se había escuchado en la gestión anterior, el reclamo de los vecinos que data desde el año 1994 y realizó intensas gestiones para que la empresa se vaya de Las Praderas”.
Y añadieron: “Pasaron varias gestiones de gobiernos municipales y nunca actuaron correctamente en relación a este tema, pero Abella y su equipo lo lograron”.
Asimismo, manifestaron que la autorización de la nueva ubicación está siendo tramitada por la empresa ante la OPDS, quien deberá emitir el correspondiente certificado de aptitud ambiental y ante la Autoridad del Agua (ADA) que deberá otorgar el permiso de prefactibilidad de explotación del recurso hídrico subterráneo, permiso de vuelco y aptitud hidráulica.
Por tal motivo, los concejales remarcaron que en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante del pasado jueves, acompañaron los pedidos de informes solicitados en el recinto por los ediles de otras bancadas.
Para finalizar, los ediles sostuvieron que “este tipo de empresas, al igual que otras, deben operar bajo un estricto control de las autoridades provinciales a fin de garantizar buenas condiciones ambientales para la ciudad y la salud de los vecinos”.
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