Se trata del Convenio Marco para el Control del Tabaco que formuló el organismo internacional hace 20 años. Uruguay lo reglamentó y homologó.
En la Argentina se aguarda su ratificación en el Congreso Nacional.
Cada año mueren más de 8 millones de personas a causa del cigarrillo. En la Argentina se producen cerca de 45.000 decesos por enfermedades asociadas al tabaquismo. Frente a este contexto, hace 20 años, los países miembros de la Organización Mundial de la Salud aprobaron por unanimidad, el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) que fue ratificado hasta la fecha por 182 países, pero aún no por la Argentina.
Uruguay lo ratificó el 9 de septiembre de 2004, durante el gobierno de Jorge Battle, y comenzó a aplicarlo a partir de febrero del 2005. El presidente Tabaré Vázquez, médico con especialización en oncología y radioterapia, fue el encargado de llevar adelante esta política y llegó hasta el enfrentamiento con una tabacalera multinacional.
Esta férrea decisión de los uruguayos produjo, en perspectiva, beneficios para la salud de la población. Por caso el consumo de tabaco pasó del 25% de la población en 2009 a 21,6% en 2017.
En jóvenes de 15 a 24 años dicha prevalencia descendió en ese período de 24,7% a 14,6%. El descenso de la prevalencia del consumo habitual de tabaco es acompañado de una disminución en el promedio de días de consumo, pasando de 17,2 días en 2011 a 13,6 días en 2014. Es decir que se registra una disminución en la proporción de estudiantes que declaran que fumaron en el último mes y también se constata que aquellos que fumaron lo hicieron, en promedio, menor cantidad de días.
La Coalición para la Ratificación del CMCT en Argentina, integrada por las principales sociedades médicas, solicita a las Autoridades de la República Argentina que se ratifique el CMCT y así se comience a transitar el camino hacia el descenso sostenido del tabaquismo y sus efectos sobre la salud de los argentinos.
La demanda de Philip Morris
La Philip Morris International presentó una demanda ante el CIADI alegando una violación del Tratado Bilateral de Inversión (TBI) entre Suiza y Uruguay. El TBI proporciona protección para las inversiones hechas en Uruguay, incluyendo propiedad intelectual. Se alegaba que dos de las regulaciones implementadas por Uruguay en 2009, perjudicaban las inversiones de la empresa en el país. La demanda ascendía a 25 millones de dólares. Finalmente, en 2016 el CIADI emitió su sentencia dando lugar a la presentación realizada por Uruguay y obligando a la multinacional a abonar los gastos de los demandados y el tribunal. Esto marcó un hito en políticas públicas de salud internacional y sentó jurisprudencia.
http://dlvr.it/Sjsptm
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