El Proyecto Bien Restituido y la Plataforma Argentina de Monitoreo para la Agenda 2030 (PAMPA 2030) desarrollaron el pasado 04 de abril, en el auditorio del hotel 26 de Julio (UEJN), la Jornada de Debate de cara al tratamiento legislativo del Proyecto de Ley de Administración y Reutilización Social de Bienes Cautelados y Decomisados (exp. 6801-D-2022) del crimen organizado, un marco normativo primordial en el contexto actual.
El proyecto, ingresado a la Cámara de Diputados de la Nación en diciembre pasado con amplia representatividad, constituye una herramienta planteada para mejorar y transparentar la legislación existente en la materia y que el Estado, de ese modo, garantice la reutilización social de los bienes.
En ese marco, Jorge Fernández, del Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio (CREAS), catalogó el proyecto como “audaz y comprometido (…) que además convoca e inspira a otras prácticas por tratarse de una iniciativa donde la sociedad civil está presente”.
En el debate los participantes enfatizaron en que el carácter sustancial de la ley radica en la reparación de daño a las víctimas, para lo cual será fundamental el destino social que se dé a los bienes decomisados a través de la creación de la agencia administradora de bienes que contempla el proyecto.
“Los bienes llegan a la justicia, quedan depositados, pierden su valor, no tienen una finalidad, generan más costos que un beneficio (...) los abogados no estamos acostumbrados a administrar bienes y esto es fundamental, y está en la ley, sostuvo Laura Roteta, Cotitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Roteta calificó la propuesta de agencia administradora como un pilar sustancial de la ley e hizo hincapié en que este proyecto genera “un puente entre justicia y sociedad (...) esta idea de bien común es lo que nos une en este proyecto y por eso es tan importante participar de estos espacios”, señaló.
Por su parte, Julio Piumato, Secretario General de la UEJN y Secretario de Derechos Humanos de la CGT, se refirió a la atención que se debe otorgar, de manera entrelazada, al hecho de replantear cómo encarar una nueva perspectiva del derecho penal, antes construido sobre la base del homicidio como paradigma y que actualmente tiene como paradigma el crimen organizado.
La construcción de este nueva propuesta de marco normativo en Argentina se basó en la experiencia de Italia, donde la ley de reutilización social de bienes confiscados a las mafias viabilizó que hoy el Estado italiano tenga alrededor de 40 billones de euros, producto de bienes decomisados del lavado de dinero y del narcotráfico.
Lucas Manjon, coordinador del proyecto Bien Restituido, instó a que sea la propia sociedad civil la que se apropie del proyecto. “A lo que apuntamos es a que se convierta en una política pública (...) la mayoría de las políticas vienen de abajo, vienen del conocimiento del territorio, vienen de caminar, de escuchar cuáles son las necesidades”, puntualizó.
El desafío, indicó Manjon, está en la resignificación de tareas de las fuerzas de seguridad y de otros actores, y en reparar en cómo resignificar el espacio que ocupaba la criminalidad organizada, en cómo recuperarlo. “Es la primera ley que ya llega con el presupuesto asignado para darle uso (…) el proyecto es de ustedes, lo pueden tomar, lo pueden difundir. Se necesitan nuevas ideas”, concluyó.
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