La abogada del padre de las víctimas, dijo que "el menor más perjudicado por los hechos, reconoció a todos los imputados", remarcó Marina Hundt y agregó que "seguramente, hubo alguna mano invisible que haya querido que esto no avanceba
El Tribunal de la Sala Nº 2 de Paraná confirmó los procesamientos de todos los imputados en la causa por abusos contra menores en Oro Verde, que en la Justicia provincial habían desechado y rescató la fiscal Laura Cattáneo.
Se trata de 11 personas, entre ellos un comisario retirado y también productor de televisión, que deberán ahora afrontar el juicio por varios hechos enmarcados en los delitos de corrupción de menores reiterada y triplemente agravada por la edad de las víctimas y el vínculo y abuso sexual con acceso carnal. Según consta en la investigación judicial que lleva adelante la fiscal Laura Cattáneo, los hechos habrían ocurrido entre 2005 y 2011.
Tras casi seis años desde la primera denuncia en 2013, el Tribunal de la Sala Nº2 de la justicia de Paraná, integrado por Gustavo Pimentel, Gervasio Labriola y Alejandro Grippo acaba de confirmar los procesamientos de todos los imputados.
En los relatos en Cámaras Gesell, las víctimas empezaron a nombrar a los acusados por sus apodos. A raíz de un trabajo de largo tiempo, la fiscalía logró avanzar en los testimonios hasta identificar con nombre y apellido a los 11 acusados. Esos datos de identidad fueron confirmados en varias ruedas de reconocimiento, en distintas etapas de la investigación judicial, de la que participaron las víctimas.
Además de la madre, una tía, un tío, y el abuelo materno, entre los 11 procesados se encuentra Mario René Wolff Furlong, un comisario general hoy retirado de la Policía de Entre Ríos pero en funciones durante la época en la que habría cometido los abusos.
Lento transitar de la causa
Tras la confirmación del procesamiento, habló la abogada querellante y se refirió al lento transitar de la causa que tomó impulso en 2017. Que la causa haya estado frenada durante tanto tiempo, "se lo podemos atribuir a diferentes factores, comprobables e incomprobables", dijo la abogada Marina Hundt, que representa al padre de las víctimas en declaraciones radiales.
Al respecto, la letrada afirmó que pese a la reforma del Código Procesal Penal "esta causa se rige por las normas del sistema anterior, entonces, quedó en los Juzgados de Transición, a los que también se les dio un poco menos importancia que al nuevo Sistema Penal y hubo mucho personal a cargo, que fue pasando de una Fiscalía a otra, o de un juzgado a otro", dijo la letrada y agregó que "los cambios de autoridades, retrasaron la causa y la producción de pruebas; y seguramente, también, hubo alguna mano invisible que haya querido que esto no avance. Podemos entenderlo así, pero no tenemos cómo comprobarlo", resaltó en diálogo con Radio Ciudadana de la ciudad de Concordia.
Identificar a los acusados
"En una primera instancia, la causa avanzó en un procesamiento parcial. Fue cuando se imputó al primer grupo primario, que sería el grupo familiar materno", recordó la abogada y con el avance de la investigación "los menores comenzaron a contar que había otras personas involucradas, que no eran del círculo íntimo familiar, de la ciudad de donde ellos vivían", explicó Hundt en declaraciones radiales.
Además, "hubo que volver un poco más atrás e investigar, quiénes eran esas personas que las víctimas, no podían identificar con nombre y apellido, pero si con sobrenombre o si eran dueños de algún local comercial, o si vivían cerca de tal lugar, para poder identificar a estos acusados", señaló la abogada.
"La identificación fue un arduo trabajo, con pistas y colaboración de la policía. Por ejemplo, había uno de los imputados que trabajaba en una radio de Gualeguaychú y hubo que mandar oficios a la radio para que se lo identificara con su nombre y apellido real, porque quizás estaba identificado con sobrenombre", sostuvo la abogada Hundt y afirmó que tras la identificación, "hubo ruedas de reconocimiento para profundizar más en la prueba, que ya era contundente, pero para no dejar ningún atisbo de duda, y el menor que fue más perjudicado por estos hechos, reconoció a todos los imputados", remarcó.
"El tío Mario"
En referencia a Mario Furlong, la abogada afirmó que "no se hizo rueda de reconocimiento porque las víctimas tenían un vínculo familiar y no tenían dudas sobre su identidad, y el Juzgado tampoco las tenía. Y tampoco, con el segundo grupo de personas que vivían en la localidad, donde los menores residían", sostuvo la letrada que representa al padre de las víctimas.
Lo dicho por la letrada apunta a los cuestionamientos realizados por el abogado defensor de Mario Furlong, sobre el procesamiento de su defendido. "Es que con Furlong no se hizo una rueda de reconocimiento porque al ser un vínculo familiar o de parentesco, no hace falta la rueda de reconocimiento, no es necesario porque el mismo está acreditado por una cuestión civil, con las partidas de nacimiento", explicó Hundt.
No se filtró en los medios
Por otra parte, la letrada desmintió que la confirmación del procesamiento, se filtrara primero en los medios antes de la notificación a las partes. "Entre jueves y viernes, recibí la notificación de la resolución y al mismo tiempo, se hace a la Fiscalía, al Juzgado y los abogados defensores querellantes y defensores", dijo en referencia a la nota que fue publicada este pasado domingo.
En referencia a cómo seguirá la causa, la abogada Marina Hundt señaló que "estamos esperando que la Cámara baje las actuaciones, para luego pasar a fijar una fecha de juicio, aunque el fallo tiene una instancia de Casación que se vencerá en el mes de febrero", explicó en diálogo con Radio Ciudadana de la ciudad de Concordia.
Artimaña en la Comisaría
En referencia a los llamativos y continuos intentos de frenar la causa, la abogada afirmó que "incluso, cuando hubo que denunciar a Mario René Wolf Furlong, que la hizo el padre de las víctimas en la Comisaría, esa denuncia, tuvo algunos altibajos hasta llegar efectivamente, a la justicia. Desde el inicio, tuvo alguna traba", remarcó Hundt y agregó que "la denuncia se perdió o no llegó y dijeron que habían colocado mal el nombre del denunciado y entonces, hubo que hacer nuevamente una identificación correcta. Imagino, que con alguna intención o artimaña como para que la denuncia no llegue a buen puerto o de anoticiar al denunciado antes de que la denuncia llegue al Poder Judicial", remarcó la abogada del padre de las víctimas.
Pena de prisión perpetua
"¿Puede generar algún tipo de responsabilidad en el Estado provincial, la condición de comisario retirado de Mario Furlong?", preguntó la locutora en la entrevista con la abogada Marina Hundt. A lo que la letrada señaló: "Seguramente, puede haber alguna responsabilidad civil en el Estado Provincial. Pasa que estamos enfocados en la parte penal y que esta causa avance después de tantos años. Pero hay darlo por descontado que luego de la sentencia, se va a avanzar con una demanda civil", anticipó la letrada.
"Por la gravedad de los delitos que se investigan, las penas pueden escalar hasta pena de reclusión perpetua, sobre todo, para los acusados que integran el grupo familiar materno", dijo Hundt y agregó que en la causa se analizan los delitos de "abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual agravado por el vínculo, por la confianza, por la edad de los niños, corrupción de menores, prostitución infantil, entre otros", concluyó la letrada.
Una causa "dormida"
Poco tiempo después, durante el programa El Ventilador de Elonce TV, el periodista de policiales, Néstor Bellini, detalló que "la causa empezó a sustanciarse a partir de una denuncia que se presentó en Tribunales en julio de 2013. Los hechos datan de 2005 a 2011 y las víctimas son tres niños. La causa desde 2013 a 2017 estuvo prácticamente dormida. Hubo una decisión del Ministerio Público Fiscal de reflotar esta causa, la fiscal Laura Cattaneo se la puso al hombro, volvió a revisar las Cámara Gesell y vio que lo que se empezó a investigar como un abuso intrafamiliar en un solo caso respecto a una sola víctima, en realidad era algo mucho más amplio, continuado en el tiempo y que involucraba a terceras personas".
La fiscal pidió la nulidad de todo lo actuado hasta septiembre de 2017 y dio una ampliación de requerimiento fiscal, revisando las imputaciones. El 24 de agosto hubo una rueda de reconocimiento donde los chicos volvieron a los Tribunales de Paraná, siendo ya mayores de edad, y reconocieron a varias de las personas, sindicadas como sospechosas de haber sido partícipes de estos abusos sexuales en rituales", comentó.
Asimismo, dijo que "entre los 11 imputados hay dos policías y uno de ellos es un comisario general: Mario René Wolff Furlong. Ahora él está retirado, pero en ese momento estaba en actividad. En el expediente hay datos que hablan de que este hombre podría tener una responsabilidad aún mayor que la que se le atribuye respecto a los abusos. Hay un dato que dice que este hombre habría liberado la zona de camino hacia Santa Fe por el Túnel para trasladar a una de las víctimas a la vecina provincia".
Quiénes son los acusados
Además de la madre, una tía, un tío, y el abuelo materno, entre los 11 procesados se encuentra Mario René Wolff Furlong, un comisario general hoy retirado de la Policía de Entre Ríos pero en funciones durante la época en la que habría cometido los abusos, indica el informe del medio, realizado por la periodista Laura Terenzano.
Según consigna Diario Junio, Wolff Furlong se dedica hoy a la venta de publicidad y a la producción de programas de televisión a través de la productora Crónicas Urbanas S.A. , empresa que formó en junio de 2018 junto a una mujer llamada Astrid María del Mar Ortiz Basso. A través de esta empresa realiza la comercialización de publicidad en distintas localidades de la provincia y produce el programa Cuestión de Fondo que conduce el periodista Daniel Enz.
Los otros acusados que ahora enfrentarán el juicio son: Daian Amaro Castro; Natalia Yanina Almeira; María Rosa Abdala; Gladis Schlottahuer; Ana Marina López; y Aldo Ignacio González, un hombre consignado en el expediente como locutor de radio de la ciudad de Gualeguaychú.
Los detalles de los escalofriantes hechos
A la madre de los menores se la acusa de haber llevado a cabo diversas conductas que alteraron el normal desarrollo sexual, tanto psíquico como fisiológico, de los menores despertándoles una temprana sexualidad y desviándoles el desarrollo de su futura libido. Es decir, de haberlos "preparado" para que sus cuerpos "toleraran" los abusos sexuales a los que luego los sometería.
Esas "preparaciones" consistían en actos sexuales de ella con sus hijos en los que los masturbaba o los obligaba a realizar acciones sobre su propio cuerpo: ella adulta y los niños con 5, 6 o 7 años de edad.
Según consta en el expediente en el que el Juez Gustavo Maldonado solicita el procesamiento de los 11 acusados, los menores ratificaron en diversas Cámaras Gesell el modus operandi de la madre para los abusos: en los dos casos, cuando cometía estos abusos, lo hacía en soledad con alguno de sus hijos. Por eso, el hermano y la hermana que fueron los abusados y violados, nunca supieron que al mismo momento les estaba pasando lo mismo.
Además de someterlos desde muy pequeños, la madre habría obligado a los menores a participar de orgías y fiestas sexuales entre adultos, al principio como "observadores" pero luego ya obligándolos a ser parte activa de los actos sexuales que allí se realizaban.
Las "fiestas" y los rituales, según consta en los testimonios a lo largo de los años que los menores - hoy mayores de edad - fueron dando ante la fiscal Cattáneo, sucedían en viviendas particulares de la localidad de Oro Verde, a unos 10 kilómetros de Paraná.
Pero os abusos y las preparaciones habrían comenzado mucho antes, cuando la familia residía en Mar del Plata. Desde entonces, reconocen las víctimas, la madre los habría preparado para esta situación. La complicidad de gran parte de la familia materna habría facilitado que las atrocidades fueran cometidas, incluso, en el propio hogar familiar ante la ausencia del padre de los niños.
Ya instalados en Oro Verde, la madre habría comenzado a vender a sus hijos ofreciendo sus cuerpos a cambio de dinero. Es en esta instancia en que la causa pasa de tener 4 a 11 procesados. En una primera etapa de la investigación, la fiscal había imputado solamente a la madre, la tía, el tío y el abuelo - la abuela fue declarada insana y apartada de la causa -. Pero tras la reactivación de la investigación en 2017, la fiscal detectó en los relatos de los menores la identificación de siete personas más que eran quienes compraban los servicios sexuales de los menores.
En los relatos en Cámaras Gesell, las víctimas empezaron a nombrar a los acusados por sus apodos. A raíz de un trabajo de largo tiempo, la fiscalía logró avanzar en los testimonios hasta identificar con nombre y apellido a los 11 acusados. Esos datos de identidad fueron confirmados en varias ruedas de reconocimiento, en distintas etapas de la investigación judicial, de la que participaron las víctimas.
Todos los testimonios de las víctimas fueron respaldados durante todo el proceso judicial por informes médicos forenses, informes de peritos psicológicos y psiquiátricos. Según dijo el propio juez Maldonado en el pedido de procesamiento: "Lo narrado por los jóvenes al padre y a sus psicólogos, luego en sede judicial en distintas partes del proceso, abarcando el paso de los años, ponen de manifiesto haber sido objeto de tratos deshonestos y haber sido utilizados como mercancía por terceros, ya por dinero o por simple placer personal en un continuo menosprecio por la dignidad".
En otro párrafo, consigna el Juez Maldonado que "el daño ocasionado a los hermanos queda también expuesto y debidamente acreditado con los informes y testimoniales de los profesionales que los abordaron (. . . ) y que ello se desprende por los signos que según los psicólogos intervinientes aún perduran".
"En 30 años de profesión no conocí un caso así"
Los abogados Guillermo Mullet, Rubén Pagliotto, Hugo Gemelli, Pereyra del Castillo, Kunzi y Schonfeld, en representación de los once imputados en el caso, habían apelado el procesamiento. En esa instancia, Pagliotto reconoció a Elonce TV que el caso "es un hecho gravísimo en el que hay muchos ciudadanos involucrados y sobre todo, menores, algunos que ya no lo son".
"En 30 años de profesión no conocí un caso así. Es un tema muy grave, que trasciende la normalidad", remarcó el defensor de uno de los imputados.
Respecto de qué podría acontecer, el abogado estimó que, "es de manual que, puede confirmarse el procesamiento, retrotraerse a un estadio intermedio por falta de mérito a través del cual no habría mérito suficiente para procesar o sobreseer, o el sobreseimiento".
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