Tres personas quedaron detenidas por la venta ilegal de canales de televisión paga a través de una plataforma de streaming clandestina, en el marco de dos allanamientos que se realizaron en Montevideo contra acciones de piratería de contenidos audiovisuales.
El operativo forma parte de una causa que promovió el equipo de investigadores de Asset Protection de DIRECTV Latin América, con el apoyo estratégico del experto Fernando Couto, abogado penalista y especialista en lucha contra la piratería. En este caso, la compañía logró comprobar que 20 de sus señales exclusivas eran retransmitidas de manera ilegal y no autorizada por la plataforma pirata.
En los allanamientos, que se realizaron de manera simultánea en la ciudad de Montevideo, quedaron detenidas y puestas a disposición de la Justicia dos personas, una de sexo masculino y una de sexo femenino.
El tercer detenido identificado se entregó el día 26 de marzo, ya que tenía una orden de detención que debía enfrentar. Las tres personas son mayores de edad y tendrían vínculos familiares.
Los detenidos fueron imputados del delito de Asociación para Delinquir, Uso Ilegítimo de Marcas, Venta y Reproducción Ilícita de una Obra, donde mediante un proceso abreviado, aceptaron voluntariamente los hechos.
Luego de la solicitud del Ministerio Publico, el juez otorgó la sentencia definitiva a las 24 horas de la detención, otorgando a cada uno una pena de ocho meses de prisión con un régimen de libertad a prueba, que incluyen residencia fija, presentaciones semanales a la seccional policial, trabajo comunitario, permanencia en domicilio en horas de la noche, prohibición de salida del país, decomiso de celulares y computadoras, y el congelamiento de las cuentas bancarias.
El modus operandi de los detenidos
La investigación permitió identificar el modus operandi que tenían los detenidos para concretar sus acciones delictivas. En primer lugar, según precisaron fuentes judiciales, se utilizaban las redes sociales para promover el acceso al contenido ilegal a valores por debajo de los reales.
Los usuarios tenían la posibilidad hacer una prueba gratuita del servicio por un par de horas, para luego decidir su contratación. Se podía acceder por unos 500 pesos uruguayos (13,25 dólares) mensuales, o bien con un pago inicial de 1000 pesos uruguayos (26,5 dólares) por algunos meses. Y, vencido el plazo inicial, se ofrecía la renovación por diferentes períodos, que podían ser acordados con los propios vendedores.
Si bien las ofertas variaban entre las diferentes publicaciones, podían verse propuestas con leyendas tales como “2500 canales, 14.000 películas, 1.500 series, canales nopor (para adultos), canales deportivos” y otras como “Planes desde 1 mes – 3, 6 y 12 meses”. Los delincuentes se identificaban como “proveedores directos” con “Aplicación Propia”.
La reproducción se realizaba mediante una conexión de internet a través de un servicio denominado IPTV (Televisión por Protocolo de Internet), donde se generan grillas de canales pagos de manera totalmente ilegal y clandestina, con el material que se les roba a las empresas y operadores.
Dentro de los nombres con los cuales promocionaban sus ofertas se encuentran “Weib TV Online”; “Weyland Televisión”; Stream Uy”; “TVGO PLAY” y “Net TV Uruguay”.
Usuarios en riesgo
Generalmente, las personas acceden a estos servicios piratas sin tener en claro en todos los casos que son ilegales y, además, desconocen los enormes riesgos que asumen. Al pagar, los usuarios exponen sus dispositivos a diferentes ataques informáticos, robo de información y estafas.
Asimismo, los usuarios entregan datos personales y financieros, como el de las tarjetas bancarias, que luego pueden ser usados para cometer otros actos ilegales aún más graves o bien pueden ser vendidos a terceros a través de redes o de la Deep Web, que permiten mantener el anonimato de los criminales.
Los creadores o administradores de estas plataformas “piratas” arman sus redes mediante publicaciones que invitan de manera muy tentadora, con frases tales como “querés generar ingresos sin moverte de tu casa” donde las personas emprenden un “supuesto” negocio, aunque en realidad lo que están haciendo es cometer un delito.
La piratería y el fraude audiovisual impactan de manera muy negativa en la industria y generan pérdidas millonarias, tanto por la utilización y distribución sin autorización de contenidos protegidos por derechos de autor, como produciendo pérdidas de fuentes de trabajos formales y evitando pagos de impuestos necesarios para el crecimiento y desarrollo de privados como del propio Estado.
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