Dos años de aborto legal: para garantizar el derecho hace falta mejorar la calidad de atención

proyecto mirar, del CEDES e Ibis Reproductive Health, elaboró un reporte para dar cuenta de cómo se brinda la atención en IVE ILE. Los problemas y las buenas prácticas que deben ponerse en agenda para garantizar el derecho al aborto con la calidad necesaria. A dos años de la sanción de la Ley 27.610, todavía se producen dilaciones innecesarias cuando una persona demanda un aborto y hasta se realizan procedimientos no recomedados en los protocolos oficiales. Por eso, proyecto mirar, coordinado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e Ibis Reproductive Health, lanzó un reporte sobre una dimensión que debe ponerse en el centro de la agenda de salud de las mujeres y personas con posibilidad de gestar: la calidad en la atención para la interrupción del embarazo, que hace al acceso integral al derecho conquistado por la marea verde y resulta un desafío para los próximos tiempos. El reporte “Calidad: el desafío a dos años de la Ley de Aborto” presentado por proyecto mirar, iniciativa que monitorea el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE ILE) en Argentina, reune las voces de personas proveedoras de servicios de salud, decisoras, activistas y abogadas de todo el país, así como información cuantitativa de acceso público. “Una atención de calidad es eficaz, eficiente, accesible, centrada en quien demanda la atención, equitativa y segura”, define Mariana Romero, médica y directora ejecutiva del CEDES. La Ley 27.610 “ayudó a generar una transformación cultural que liberó al aborto del estatus de lo clandestino, no solo por el hecho concreto de estar disponible legalmente sino en el discurso social y de los y las profesionales de la salud”, entendió Agustina Ramón Michel, abogada e investigadora del CEDES. Sin embargo, en Argentina todavía se detectan servicios de salud en los que no se brinda información suficiente o no se hace de forma respetuosa, con escollos burocráticos o demoras. Baja calidad, o cómo puede obstaculizarse el derecho El reporte identificó aspectos a erradicar para que el derecho a decidir sea respetado de forma integral. Por ejemplo, el uso de tecnología riesgosa y obsoleta: todavía se realizan legrados para terminar el procedimiento de aborto aunque no están recomendados, mientras que resta fortalecer la utilización de la aspiración manual endouterina (AMEU) como una opción recomendada para los abortos. También hay servicios de salud en los que la ruta de la atención es poco clara, y a veces se demandan más procedimientos de los que la ley plantea, sobre todo en el primer trimestre. A esto se suma que en distintos puntos del país se detectan objeciones de conciencia no ajustadas a la ley. Se trata de malas “objeciones” cotidianas, como por ejemplo, personal administrativo que obstaculiza o demora la recepción o la reserva de turnos. También hay zonas alejadas donde quienes integran el equipo de salud se declaran objetores. “Lo ideal es que una persona pueda resolver en su ámbito local la atención y no tener que irse a otra localidad porque en la suya no hay nadie que pueda brindarla. Eso hace a la calidad de la atención”, explicó Laura Soto, referente del Programa Salud Sexual y Reproductiva de La Pampa y una de las personas entrevistadas para el reporte. Estas situaciones también producen un déficit en la calidad de atención cuando los equipos de salud se sobrecargan laboral y emocionalmente. Si bien entre la sanción de la ley y septiembre de 2022 el número de instituciones públicas de salud que provee IVE ILE aumentó un 58%, hay cuellos de botella para dar respuesta oportuna, mucho más cuando se trata de una consulta en el segundo trimestre del embarazo. La sobrecarga impacta directamente sobre la calidad de la atención. Otro aspecto que afecta negativamente la calidad es lo que en el reporte se define como “falta de transparencia activa”: las y los profesionales de todos los servicios de salud, no solo los de ginecología, deberían compartir activamente información sobre el derecho a interrumpir el embarazo con la usuaria que demanda atención. Ello implica modificar hábitos de atención y promover un abordaje interdisciplinario e integral. Además, “una consulta de este tipo lleva tiempo, que tiene que ver con la recepción, la escucha, con ver si tiene o no factores que hagan que sea más riesgoso un tratamiento, desde lo médico y lo sociocultural”, entendió Damián Levy, médico de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, entrevistado para el estudio. También se detectó una falta de campañas de comunicación pública, cuando “podrían generar un aspecto positivo al ofrecer información y herramientas de decisión a quienes demandan la atención, y también una mayor red de contención para quienes ofrecen el servicio”, evaluó Silvina Ramos, socióloga e investigadora del CEDES. Banderas verdes en la calidad de atención Durante 2021 la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva distribuyó 74071 tratamientos de misoprostol, 4 veces más que durante 2020. En el primer semestre de 2022 se distribuyeron 38.229 tratamientos de misoprostol. Ello se reforzó con la incorporación de la distribución del combipack, régimen combinado de mifepristona y misoprostol que resulta seguro y eficaz. Que más personas accedan a la IVE ILE a través de procedimientos con estos medicamentos es muestra de una mejora en la calidad de la atención. Además, en el año que termina se pusieron en marcha nuevos procesos de producción de la mifepristona en laboratorios públicos del país, lo que eleva a cuatro los laboratorios que producen misoprostol para el sistema de salud público. “Al ampliar las opciones para el aborto con medicamentos, Argentina se aproxima a los estándares de calidad internacional fijados por la Organización Mundial de la Salud y otros organismos”, indicó Brianna Keefe-Oates, investigadora de salud pública y asesora para Ibis Reproductive Health. El reporte también detectó que “es prioridad en la política pública mejorar las dimensiones espaciales y temporales del acceso, para resolver los abortos con la menor cantidad de prácticas y visitas posible”, señaló Mercedes Krause, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CEDES y la UBA. Es decir que, a pesar de la heterogeneidad observada en el país, deberían brindarse de forma equitativa servicios de calidad que contemplen una atención integral y continua, desde informar sobre los días y horarios de consulta por IVE ILE en cada servicio y la buena administración de turnos, hasta la información sobre la anticoncepción y atención posaborto. Además, crecieron las capacitaciones profesionales y la disponibilidad de consejerías para el intercambio de información, evaluación clínica y toma de decisiones. El desafío de mejorar la atención CEDES e Ibis sostienen que para mejorar la calidad en la provisión de abortos, y con ello garantizar más plenamente el derecho a decidir, debe contemplarse la perspectiva de las personas usuarias y de quienes trabajan en salud, así como articular estrategias para ampliar el acceso, erradicar las prácticas no recomendadas, potenciar las buenas prácticas y lograr una fuerte articulación con las organizaciones territoriales. Que todas las personas en Argentina que demanden una IVE ILE tengan respuesta en tiempo y forma, de manera accesible cultural y geográficamente, con información clara y una atención empática es el norte para lograr una buena calidad en la atención. Porque no solo se trata de que el derecho amparado por la ley se respete en el territorio, sino de que suceda con foco en las personas, de manera respetuosa y equitativa: el cómo también importa.
http://dlvr.it/Sg3c9W